El segundo gobierno de Alan García (2006-2011) enfrenta problemas de gobernabilidad. Ante la debilidad de una oposición organizada e institucionalizada (en el Legislativo o en los gobiernos regionales), los desafíos a la estabilidad política provienen de conflictos sociales localizados en el interior del país, que se caracterizan por sus dificultades en la agregación de intereses (atomización y particularismo de las demandas) y su desconexión con actores institucionalizados en el sistema político, lo que imprime dificultades para la canalización de los conflictos. El resultado es un gobierno que ha decidido plantearse juegos simultáneos de gobernabilidad con una diversidad de actores, resolviendo crisis coyunturales, pero postergando la solución definitiva de las demandas sociales, en un contexto de crecimiento económico y de debilidad institucional.